Tras la violenta encerrona ocurrida en Ñuñoa, donde un carabinero fue gravemente herido, alcaldes de Ñuñoa, Providencia, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea, Macul, María Pinto, San Miguel, Independencia y Conchalí se reunieron para exigir al Gobierno y al Congreso medidas concretas que permitan fortalecer la seguridad municipal. La principal demanda de los ediles es la aprobación inmediata de la Ley de Seguridad Municipal, además de una legislación que otorgue mayores herramientas y atribuciones a los funcionarios encargados de la seguridad en los territorios.
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfatizó la urgencia de avanzar en estos cambios: “Estamos viviendo una tragedia en materia de seguridad con delitos cada vez más violentos. Los delincuentes corren rápido, se arman rápido, y nosotros avanzamos lento en materia de regulación. Necesitamos las herramientas legales que nos permitan actuar”.
Los alcaldes presentes acordaron solicitar la aprobación urgente de al menos cuatro medidas clave dentro del proyecto de Ley de Seguridad Municipal. Entre ellas, la posibilidad de que los inspectores de seguridad usen armas no letales, el aumento de facultades para el control de identidad, el endurecimiento de penas contra quienes agredan a funcionarios municipales y el acceso a bases de datos para identificar vehículos robados y personas con antecedentes delictuales.
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, reforzó el llamado al Gobierno para atender con urgencia estas demandas: “Estamos disponibles para hacer la pega, pero no podemos solos. Necesitamos herramientas, garantías y recursos para poder actuar”. Asimismo, los ediles solicitaron una reunión con el Presidente Gabriel Boric y el nuevo ministro del Interior para abordar estas necesidades de manera prioritaria.
Por su parte, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, subrayó que “los alcaldes estamos disponibles, pero necesitamos el respaldo del Gobierno y el Congreso. No podemos seguir esperando mientras la inseguridad afecta a nuestros vecinos cada día más”.
Otro punto relevante abordado fue la necesidad de una ley corta que permita avanzar en medidas inmediatas. Alessandri explicó: “Nuestros inspectores municipales llegan muchas veces antes que Carabineros a los hechos delictivos, pero sin herramientas para actuar. No podemos seguir esperando mientras la delincuencia avanza con total impunidad”.
Los alcaldes también insistieron en la importancia de combatir la desigualdad territorial en materia de seguridad, de manera de asegurar que todas las comunas cuenten con herramientas efectivas para enfrentar la delincuencia. “El crimen organizado y el narcotráfico avanzan rápido. No queremos que sea tarde para actuar cuando tengamos que lamentar la muerte de un funcionario municipal en una fiscalización”, agregó el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.
En las zonas rurales también alzaron la voz, la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, enfatizó la necesidad de fortalecer la asistencia legal para las víctimas. “No podemos permitir que los delincuentes tengan mejor defensa que nuestras víctimas. Exigimos que la ley contemple defensorías municipales para quienes han sufrido la violencia del crimen”, indicó la edil.
Finalmente, los alcaldes anunciaron el envío de una carta formal al Congreso y al Ejecutivo, exigiendo que se aceleren estas reformas. “No hay tiempo que esperar. Esto no es una discusión legal o política, es una demanda real de nuestros vecinos que viven con miedo cada día”, concluyó el alcalde Sichel.
