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De acuerdo a los antecedentes que hasta ahora existen en el proceso, Pedro Hugo Pérez Godoy, soltero, nacido el 3 de septiembre de 1958, al 17 de octubre de 1973 contaba con la edad de 15 años, estudiante de enseñanza básica, sin militancia política, cuyo domicilio estaba ubicado en la Manzana 10, Sitio 20, Villa Los Guindos de la comuna de Ñuñoa y José Adrián Ramírez Díaz, soltero, de 20 años de edad, ayudante de comerciante de ferias libres, sin militancia política, analfabeto, miembro de una familia de once hermanos, domiciliado en la Manzana 17, Pasaje 152, casa 6882, Villa Pedro Lagos, caminaban por una calle cercana a sus domicilios, junto a un amigo, José Romilio Sepúlveda Merino. En los momentos en que llegaban a la intersección de las calles Los Orientales con Ictinos, comuna de Ñuñoa, actual Peñalolén, aproximadamente a las 15.00 horas, fueron detenidos, sin expresión de causa, ni orden administrativa o judicial alguna por Bernardo Pérez Arriagada y Carlos Contreras Guzmán, funcionarios pertenecientes a la 13ª Comisaría de Carabineros de Ñuñoa, quienes se movilizaban en un vehículo color plomo y vestían de civil. Fueron llevados al recinto de dicha Comisaría no pudieron ser ingresados a ésta pues los calabozos se encontraban repletos, por lo cual fueron trasladados al Retén Quilín, unidad dependiente de la 13ª Comisaría.
Los jóvenes fueron obligados a subir a la parte posterior de la camioneta. La camioneta donde permanecían privados de libertad José Ramírez Díaz y Pedro Hugo Pérez Godoy, fue conducida desde el Retén hasta las dependencias de la Viña Cousiño Macul, en donde se detuvo la marcha e hicieron descender a los detenidos, los que fueron forzados a caminar hasta la ribera del canal San Carlos. Fue en este sitio que, a unos metros de distancia, les dispararon con armas de fuego, producto de lo cual las múltiples heridas recibidas les produjeron la muerte; enseguida sus cuerpos fueron lanzados al torrente del canal.
Ambos don Detenidos Desaparecidos hasta el día de hoy.
Por otra parte, el día 15 de octubre de 1973, Luis Armando Vergara González, casado, padre de un hijo, 22 años de edad, obrero, sin militancia política y su domicilio estaba ubicado en la Villa Lautaro, Manzana E, Sitio 18, Población Lo Hermida de la comuna de Ñuñoa, al ser detenido en sus cercanías, aproximadamente a las 21.15 horas, ya que sin causa legal, fue aprehendido por funcionarios de Carabineros pertenecientes a la 13ª Comisaría de Los Guindos de Ñuñoa, Francisco Contreras Torres y Manuel Veloso Ortiz, quienes se movilizaban en una camioneta roja que había sido ilícitamente requisada a Miriam Contreras Bell, secretaria personal del ex presidente Salvador Allende. En seguida, los aprehensores junto al detenido, se dirigieron al domicilio de Hernán Manuel Peña Catalán, casado, padre de dos hijos, de 20 años de edad, quien se desempeñaba como chofer, sin militancia política alguna. Si bien su domicilio estaba ubicado en la Villa El Duraznal, Manzana 7, Sitio 5, Población Lo Hermida de la comuna de Ñuñoa, no pudo ser encontrado por los policías en dicho lugar. Sin embargo, luego de una búsqueda desplegada en las inmediaciones de su domicilio, fue detenido Peña Catalán y conjuntamente con Vergara González fueron conducidos al recinto de la mencionada Comisaría.
Ambas víctimas fueron identificadas definitivamente por pericias de ADN, realizadas en el Servicio Médico Legal con posterioridad a 2003.
Fuente: MemoriaViva.cl
Sentencias Judiciales
Íngrid Felicitas Olderöck Benhard (1943-2001), hija de inmigrantes alemanes y vecinos de la calle Coventry, fue una oficial de Carabineros de Chile, con grado de mayor, que en 1973 se convirtió en agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la dictadura militar. Tuvo a cargo el entrenamiento del perro pastor alemán Volodia que se usó para violar a varias prisioneras en la Venda Sexy.
En octubre de 1973, ingresó a la DINA con el grado de capitán y participó en la Escuela Femenina, donde alrededor de 70 mujeres fueron instruidas en métodos de tortura y tácticas represivas contra opositores a la dictadura militar, en el Regimiento de Tejas Verdes, que funcionaba como campo de concentración y de entrenamiento de agentes represores, a cargo del coronel Manuel Contreras, Director de la DINA y segundo de Pinochet. Fuentes señalan que en el ejercicio de sus funciones en la DINA conoció secretos relacionados al Proyecto Andrea, conducido por la dictadura militar de Pinochet para fabricar y aplicar gas sarín contra opositores.
Simultáneamente a poner en operación el Cuartel Ollagüe, la DINA también puso en operación el centro de torturas conocido entre los detenidos como la Venda Sexy (Calle Irán 3037, actual comuna de Macul), aludiendo al hecho que una parte importante de las torturas que aquí se llevaron a cabo tuvieron relación con violaciones de connotación sexual, entre las cuales estuvo el adiestrar a perros para ejercer violencia sexual en las detenidas, que eran forzadas a asumir una posición que facilitara la penetración por parte del animal. Este centro de torturas funcionó continua y sistemáticamente entre los meses de agosto a diciembre de 1974, aunque siguió siendo utilizada ocasionalmente en fechas posteriores. Durante el período en referencia una treintena de personas fueron muertas como producto de las torturas que les fueron aplicadas, o simplemente, fueron asesinadas.
El 15 de julio de 1981 fue víctima de un atentado perpetrado en su domicilio, en Coventry 349, comuna de Ñuñoa; recibió un disparo en la cabeza a manos de un comando del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y tras dicho incidente se acogió a retiro de Carabineros. Aunque ejecutado por el MIR, el atentado habría sido planificado por Carabineros de Chile en represalia por su deserción, según declaraciones de la propia Olderock.
Fuente: MemoriaViva.cl
Documentos
La Casa de Huéspedes de la Policía de Investigaciones de Chile, ubicada en la calle Obispo Orrego 241, fue utilizado por la Policía de Investigaciones (PDI) como centro de detención y tortura durante el período de dictaduram conocida como “Casa COVEMA”.
En este entramado sombrío de la historia, Eduardo Jara Aravena, un estudiante de periodismo de la Universidad Católica, fue secuestrado el 23 de Julio de 1980 por el Comando de Vengadores Mártires (COVEMA). Murió como consecuencia de la aplicación de diversos mecanismos de tortura. En el mismo operativo, también fue secuestrada Cecilia Alzamora, estudiante de periodismo de la misma universidad.
El juez Mario Carroza estableció en su fallo que los estudiantes Eduardo Jara, militante del MIR, y su compañera Cecilia Alzamora fueron secuestrados el 23 de Julio de 1980, en plena dictadura, y trasladados al cuartel central de la PDI, ubicado en General Mackenna. Posterior a estos hechos, cuando un magistrado inspeccionó la sede policial, ambos fueron llevados a la casa de Obispo Orrego, donde continuaron los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos.
La tranquilidad del barrio ñuñoíno, una vez más se veía perturbada por una casa particular, blanca de dos pisos, situada en la esquina de Obispo Orrego con José Domingo Cañas. En su exterior, no se reflejaba la barbarie oculta en su interior. Camuflada por un barrio que vivió el terror sistemático de una dictadura, esta casa podría sumarse al símbolo de la transformación del tejido social, el cual destruyó la dictadura, el sentido de comunidad, erosionando los barrios y la cohesión social/vecinal.
Documentos
Alicia Viviana Ríos Crocco, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), murió ese día a las 16:15 horas, en San Eugenio Nº 1181, Ñuñoa, por múltiples lesiones viscerales y esqueléticas, como acredita el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. El Informe de autopsia agrega que esas lesiones son “explicables por acción de elemento explosivo“.
De acuerdo con antecedentes del proceso judicial respectivo, Alicia Ríos transitaba en una bicicleta ajena por calle San Eugenio, con una mochila a la espalda, cuando, por una explosión, fue proyectada hacia arriba, a 6 metros de altura, y hacia adelante, a 10 metros de distancia. Desde la cintura hacia la cabeza, el cuerpo quedó casi intacto, mientras que la región pelviana posterior y extremidades quedaron destruidas.
La Subcomisaría de Carabineros Macul, informó a la Segunda Fiscalía Militar que Alicia Ríos murió al detonar un artefacto explosivo que portaba en la espalda en una mochila, mientras que una granada casera tipo rocket que también llevaba, no explotó. A su vez, la Central Nacional de Informaciones (CNI) señaló que la muerte se produjo al estallar un rocket que ella tenía en una bolsa. Acompañaron la mochila, casi intacta, y dijeron haber encontrado entre los restos otro rocket sin explotar. Finalmente se dijo que la joven portaba dos mochilas y dos rockets. El Laboratorio de Criminalística de Investigaciones informó que el artefacto explosivo, provisto de carga y desprovisto de proyectil, iba bajo el sillín de la bicicleta. El sillín no fue encontrado ni periciado.
Diferentes testimonios prestados en el proceso consignaron que sólo tras la llegada de uniformados y civiles apareció una especie de bomba o de rocket. Otros dijeron que, segundos previos a la detonación, hubo un zumbido parecido al acoplamiento de un micrófono. Sólo tres años después, el Tribunal requirió a la CNI para que pusiera a su disposición los objetos incautados en los allanamientos practicados en el domicilio de la joven y en los de sus familiares, incluyendo dos presuntos artefactos explosivos. La respuesta fue negativa.
En 1990, el proceso fue sobreseido por no estar suficientemente establecida la perpetración del delito de transporte de explosivos ni que su muerte haya sido consecuencia de un hecho punible.
Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizad, se llegó a la convicción de que Alicia Viviana Ríos Crocco fue ejecutada por agentes del Estado al margen de proceso legal. En consecuencia, la declaró víctima de violación de derechos humanos.
Fuente: Museo de la Memoria Documentos
A partir de 1973, los estudiantes, profesores y funcionarios del Liceo Nº7 José Toribio Medina, fueron perseguidos, secuestrados, asesinados y hechos desaparecer, especialmente aquellos que formaban parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESS) y la FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios).
En este apartado, están los nombres y edades de los ex estudiantes, profesores y funcionarios que fueron víctimas:
- Miguel Ángel Acuña Castillo, detenido desaparecido a los 19 años.
- Pablo Ramón Aranda Schmied, detenido desaparecido a los 20 años.
- Manuel Beltrán Cantú Salazar, ejecutado a los 36 años.
- Héctor Marcial Garay Hermosilla, detenido desaparecido a los 19 años.
- Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, detenido desaparecido a los 24 años (parte de sus restos fueron hallados el año 2012 en Cuesta Barriga).
- Luis Jaime Palominos Rojas, detenido desaparecido a los 23 años.
- Juan Ramón Ramírez Vicker, ejecutado a los 25 años.
- Agustín Eduardo Reyes González, detenido desaparecido a los 23 años.
- Sergio Daniel Tormen Méndez, detenido desaparecido a los 25 años.
- Mariano León Turiel Palomera, detenido desaparecido a los 30 años.
- Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, ejecutado a los 30 años.