En junio de 1987 agentes de la CNI realizaron la llamada Operación Albania o Matanza de Corpus Christi, que afectó a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). También en este caso se justificó ante la opinión pública las muertes como consecuencias de enfrentamientos sucesivos, señalándose igualmente que los agentes habían actuado en cumplimiento de una orden judicial y en presencia de un fiscal militar, circunstancia esta última que después sería desmentida.
Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, economista. Sin intimársele la rendición le dispararon causándole la muerte agentes de la CNI que se encontraban esperándolo.
Mientras tanto, en el sector de Villa Olímpica de Ñuñoa, se produjo una nueva muerte también a manos de los agentes de la CNI. Julio Arturo Guerra Olivares, electricista de 30 años, se encontraba en su departamento de la comuna de Ñuñoa, cuando éste fue rodeado por los efectivos de seguridad. Se produjo un enfrentamiento por sus captores, el que fue presenciado por testigos. Una vez concluido éste la víctima fue ejecutada, mediante disparos a corta distancia. Por lo anterior y apreciando que la víctima se encontraba a merced de sus captores, se considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales. Los hechos ocurrieron en el departamento ubicado en Calle Pericles, Block 33, Dpto 213, propiedad de Sonia Hinojosa Sánchez.
En declaración judicial que data de octubre de 2000, Alvaro Corbalán, el jefe operativo de la matanza y jefe del cuartel Borgoño de la CNI, explicita su participación en dicha acción y lo hace, según él, debido a que algunos agentes han admitido participación en la operación y que ha “creído conveniente por lealtad a ese personal, también asumir como jefe la responsabilidad que pudiere corresponderme conforme a lo que explicaré para establecer también, de acuerdo al grado jerárquico, la responsabilidad de quien dispuso la orden que involucró la muerte de siete terroristas detenidos en el cuartel Borgoño”.
