Un total de $492 millones en indemnizaciones habrían tenido que pagar las corporaciones de Cultura y Desarrollo Social de Ñuñoa a seis exdirectivos de la gestión municipal de Andrés Zarhi. Funcionarios que habrían firmado sus contratos sin la autorización del directorio de las respectivas corporaciones, pero con la venia del ex edil.

“En Ñuñoa se institucionalizó el robo de cuello y corbata, llamando “beneficios” a cláusulas abusivas contra el patrimonio municipal”, señaló Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa. “Quizás  pensaron que nadie se enteraría o tenían completamente normalizado el saqueo. Dijimos que íbamos a devolver Ñuñoa a la comunidad y el primer paso para ello es transparencia. Sepan vecinas y vecinos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, añadió.

Fue con este panorama que recibió el municipio la nueva alcaldesa Emilia Ríos. Luego de ser electa, la nueva edil le solicitó al ex alcalde Zarhi que los directivos renunciaran a sus pretensiones antes de que asumiera la nueva gestión. Acción que ocurrió, pero a medias. Si bien los directores renunciaron a las indemnizaciones sin tope a todo evento, se reservaron el derecho para reclamar el pago de estas mismas en tribunales.

En el caso de la Corporación de Desarrollo Social (CMDS) todos los contratos incluyeron cláusulas de indemnización a todo evento e indemnizaciones legales sin tope. El exsecretario general de la CDMS, y quien fue cercano a Gerardo Varela en el MINEDUC, José Palma, habría presentado una indemnización por $125.282.670. Monto del cual $68 millones corresponden a una indemnización sin tope por ocho meses que firmó en su calidad de secretario general y que también firmó el alcalde Zarhi, sin la autorización del directorio de la CMDS, organismo que tiene el poder de modificar los contratos. Además, incluyó 108 días feriados legales por supuestas vacaciones no tomadas que equivalen a $31 millones de pesos.

Situación aún más anómala en el caso de Roberto Stern, director de  Salud de la corporación. El 9 de julio de 2020, renunció de manera voluntaria a su contrato vigente desde mayo de 1989 para luego ser recontratado en el mismo cargo directivo pocos días después. Su finiquito para ese entonces fue de $180 millones de pesos. Esta vez, de la misma manera que el secretario general, modificó su contrato con la firma de Zarhi para recibir una indemnización sin tope por seis meses de $59.478.600 millones de pesos. Monto al que se le agrega la suma de $51 millones correspondientes a 165 días de feriados proporcionales por vacaciones no tomadas.

Lo mismo ocurre con el exdirector Jurídico, Ludwig Bornand y la exdirectora de Educación, Ximena Vivanco. Ambos incluyeron en sus contratos indemnizaciones a todo evento equivalente a seis meses de remuneración. Los dos solicitaron una bonificación total de $71.477.898 y  $65.745.679 cada uno.

Cabe mencionar que todos los directores realizaron aumentos de sueldos en al menos dos ocasiones sin autorización del directorio, además de la modificación contractual para incluir cláusulas de indemnización a todo evento  en caso de despido, autodespido o renuncia.

Una situación similar ocurrió en la Corporación de Cultura de Ñuñoa. Verónica Farfán, ex directora de Cultura, que hasta el 25 de junio de 2015 se desempeñaba como subdirectora de la Corporación. Su ascenso significó un aumento de sueldo de  $2.035.484 a $3.550.000. En su contrato se incorporó una cláusula de indemnización a todo evento equivalente a seis meses de remuneraciones brutas mensuales, sin tope alguno.

Su contrato fue modificado posteriormente el 7 de enero de 2019 aumentando a ocho meses la indemnización a todo evento y adicionalmente obligando al empleador a pagar las indemnizaciones legales también sin tope. Cambio contractual que fue suscrito por el ex alcalde Zarhi sin autorización del directorio de la Corporación de Cultura. Así, la indemnización sugerida por la exdirectora correspondió a la suma de $109.113.979 millones.

Si bien los directivos renunciaron a las indemnizaciones legales sin tope, se reservaron el derecho a demandar estos beneficios en tribunales, por lo que hasta ahora el municipio ha desembolsado sólo $158.041.432.

“Durante mucho tiempo se normalizaron sueldos millonarios, incluso más altos que el del presidente de la república. Hoy ajustando las remuneraciones de solo cinco directivos ahorraremos anualmente 147 millones de pesos. Estos son fondos que le pertenecen a toda la comunidad de Ñuñoa y que ahora podremos destinar a nuestra comuna y no a abultar la billetera de personas que abusaron de su posición, al firmar contratos de dudosa validez legal”, indicó Ríos. A su vez, la alcaldesa anunció acciones en Contraloría y también una completa auditoría durante las siguientes semanas a la Corporación Municipal de Desarrollo Social.